La Caja de Previsión Social de Santa Cruz presentó este jueves un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia para que se defina la causa iniciada por la deuda previsional que mantiene la Municipalidad de Río Gallegos por los aportes previsionales ante el organismo provincial.
En la presentación judicial sostienen que el municipio de la capital santacruceña está incumpliendo con la transferencia de aportes jubilatorios retenidos a los trabajadores municipales, que no fueron girados al organismo como exige la ley.
El conflicto entre Provincia y Municipio se originó luego que la comuna interpuso un recurso judicial para evitar que la Caja de Previsión Social pudiera retener, a través de los fondos de coparticipación, los montos adeudados en concepto de aportes personales y patronales, situación que está amparada por la legislación vigente.
Hasta el momento, la Justicia hizo lugar a esa medida cautelar y ahora, la CPS pide que se resuelva con celeridad la cuestión de fondo: si el municipio debe o no cumplir con sus obligaciones legales.
El organismo previsional señala que “la suspensión de su ejecución pone en riesgo el financiamiento del régimen previsional solidario”, ya que afecta los ingresos necesarios para sostener el sistema.
La Ley N°1782, en su artículo 18 inciso b, establece que los empleadores públicos deben depositar los aportes previsionales en la cuenta de la CPS dentro de los primeros siete días de cada mes.
En junio, la Caja de Previsión Social informó que la deuda acumulada entre municipios y comisiones de fomento de toda la provincia supera los $111 mil millones y se notificó a todas las comunas sobre la situación y recordó que el sostenimiento del sistema previsional solidario depende del cumplimiento de los aportes por parte de empleadores y trabajadores.
“El municipio de Río Gallegos retiene los aportes previsionales de sus trabajadores todos los meses, pero no los transfiere a la Caja de Previsión. Esos fondos son necesarios para garantizar el principio solidario de nuestro sistema previsional”, indicaron desde la entidad y advirtieron que dejaron abierta la vía judicial federal para “garantizar los ingresos de los jubilados y la sustentabilidad del sistema previsional de Santa Cruz”.