El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, a cargo del Dr. Eduardo Alejandro Quelin, aceptó la competencia para intervenir y dispuso el cese de la medida cautelar dictada contra el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables. La orden, que alcanzaba de manera general a toda la organización sin individualizar conductas ni fijar un plazo, quedó sin efecto desde hoy. La resolución restablece el pleno ejercicio de la representación y el normal funcionamiento institucional del gremio en los yacimientos alcanzados.
Desde la primera notificación actuamos por los canales correspondientes. Nos presentamos ante la Justicia, ejercimos nuestra defensa y formulamos cada planteo con responsabilidad. El Dr. Quelin resolvió conforme a derecho.
Lo ocurrido merece un llamado de atención. Pan American Energy obtuvo esa orden con una celeridad inusual, muy alejada de los tiempos que afrontan las familias santacruceñas al reclamar por sus derechos. Por su alcance, podía convertirse en un precedente peligroso para cualquier sindicato de la provincia y condicionar futuros reclamos colectivos.
Como dijimos desde el primer momento, defender el empleo santacruceño y exigir el cumplimiento de las normas vigentes no constituye un delito. La organización sindical, la protesta y el derecho de huelga cuentan con el amparo de la Constitución Nacional. Una denuncia empresaria no puede convertir el cumplimiento de nuestras obligaciones, el ejercicio de nuestros derechos y las responsabilidades propias de la representación sindical en conductas sospechosas.
Quiero agradecer especialmente a los integrantes de la Comisión Directiva, delegados, colaboradores y afiliados que estuvieron a mi lado, sostuvieron al Sindicato y me respaldaron en cada lugar y en todo momento. La unidad que demostraron confirma la fortaleza de nuestro gremio.
Mi reconocimiento al equipo técnico y legal de la institución, que llevó adelante las actuaciones judiciales, preparó cada presentación y condujo la estrategia jurídica con compromiso, rigor y seriedad.
Destaco la labor de la Dra. Romina Mercado y del Dr. Mauricio Gómez. Ambos hicieron públicos sus análisis, señalaron las irregularidades de la cautelar y reclamaron su revisión sin miedo, con responsabilidad técnica y compromiso ciudadano. El Juzgado finalmente dispuso el cese.
La senadora nacional Natalia Gadano merece una mención particular por el apoyo que brindó al reclamo en Cerro Dragón. Su pronunciamiento ayudó a visibilizar la necesidad de aplicar la ley santacruceña y generar oportunidades para nuestra gente.
Valoro el acompañamiento de los dirigentes gremiales, referentes de distintos espacios políticos, profesionales y vecinos que se comunicaron para ponerse a disposición. Cada gesto mostró voluntad de participar, conocer la verdad y comprender el trabajo que estamos realizando. El silencio de quienes prefirieron mantenerse al margen quedó todavía más expuesto.
Superada esta instancia, continuamos con el reclamo que la cautelar pretendió detener. PAE debe cumplir la Ley Provincial N.º 3141, modificada por la Ley N.º 3960, y respetar la prioridad del empleo santacruceño. La empresa deberá dar respuestas por la contratación de personal local, sus compromisos de inversión, el cuidado del ambiente y las responsabilidades derivadas de la explotación de nuestros recursos.
No tenemos miedo. Las denuncias falsas, las cautelares mordaza y las operaciones mediáticas mediocres que utilicen para presionarnos no lograrán que abandonemos nuestros reclamos ni renunciemos a los derechos de los trabajadores. El SIPGER continuará en los yacimientos, junto a los compañeros, haciendo respetar el trabajo local y los intereses de Santa Cruz.
Rafael Güenchenen
Secretario General SIPGER
